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Asociaciones: Derechos y margen de acción

Derechos y margen de acción de asociaciones y organizaciones en los procesos judiciales y reclamaciones por discriminación

Las muestras de discriminación racista o de discriminación por motivos de género, religión o ideología, discapacidad, edad o identidad sexual no constituyen en Alemania un fenómeno aislado sino que se cuentan entre las manifestaciones cotidianas. Las estructuras, mecanismos, prescripciones y acciones discriminatorias se extienden a todos los ámbitos de la vida como, por ejemplo, el trabajo, la formación o el sector inmobiliario. Por este motivo es preciso actuar de manera urgente y no exclusivamente a nivel gubernamental. Combatir la discriminación es una tarea de toda la sociedad; así pues, la sociedad civil también debería intensificar sus esfuerzos. En este contexto, las asociaciones y organizaciones pueden realizar una importante contribución y desempeñar un papel relevante a la hora de establecer una protección jurídica efectiva contra la discriminación.

Movilización a favor de los derechos

Al participar en los procesos judiciales y en los procedimientos de reclamación, las asociaciones contribuyen a la movilización por los derechos y a que se prohíban las manifestaciones de discriminación.

Dicha participación consiste en prestar apoyo en los casos concretos y fortalecer la postura y la protección jurídica de las personas afectadas. Las organizaciones pueden ayudar a que éstas accedan a la vía legal y a que hagan uso de sus derechos, lo que a menudo resulta prácticamente imposible de otro modo. Las personas afectadas desconocen en parte las posibilidades de hacer valer sus derechos. Por encima de todo, sin embargo, los procesos suelen conllevar tal desgaste psicológico y perjudican de tal manera la situación vital de los afectados que todo ello puede disuadirlos de llevar a término un proceso judicial. Sus posibles costes y duración pueden constituir del mismo modo factores disuasorios a la hora de tomar la decisión. Con frecuencia, las personas víctimas de discriminación no ostentan el mismo poder social y competencia legal que la parte contraria. Gracias a la competencia en prestar apoyo así como a la proximidad y la confianza que la persona afectada deposita en las organizaciones concretas, los derechos de las asociaciones suponen un importante instrumento en los procesos judiciales y procedimientos de reclamación.

Los derechos de las organizaciones ofrecen además la posibilidad de contribuir, más allá de los casos concretos, a la transformación social en los procesos dirigidos a tal efecto. Los procesos pueden llevarse a la opinión pública y repercutir en una mejora duradera de las leyes, la práctica de la jurisprudencia y las estructuras. De este modo, los procesos sirven también para instruir y sensibilizar a tribunales, autoridades y a la sociedad en conjunto. Aunque prohibir legalmente las muestras de discriminación no constituye la única labor de una política efectiva antidiscriminación, sí conforma una parte fundamental de ella.

Procesos amparados por la Ley General de Igualdad de Trato (AGG)

La AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) fue creada con el fin de garantizar la aplicación de cuatro directrices de igualdad de trato de la UE (a saber, directrices 2000/43/EG, 2000/78/EG, 2002/73/EG y 2004/113/EG). Esta ley tiene como objetivo proteger a las personas de manifestaciones de discriminación racista así como de discriminación por género, religión o ideología, edad o identidad sexual, y se inscribe fundamentalmente en el derecho civil y laboral.

En los procesos que se acogen a la AGG, las asociaciones pueden apoyar a las personas afectadas en calidad de organizaciones antidiscriminación asesorándolas o bien asistiéndolas legalmente. Para poder ejercer dichas funciones de ayuda no se precisa que la asociación esté reconocida formalmente como organización antidiscriminación. No obstante, la organización debe tener un tamaño mínimo (75 miembros naturales o siete asociaciones miembro) y no debe representar profesionalmente de acuerdo con su estatuto los intereses particulares de las personas o colectivos afectados.

Entre las posibles maneras de asesoramiento legal también se incluye la de iniciar asuntos jurídicos, formulando por ejemplo cartas de reclamación dirigidas a los lugares discriminatorios o a las autoridades pertinentes.

Por lo que respecta a la función de asistencia legal de las personas afectadas, las organizaciones pueden apoyarlas en las vistas orales. Al desempeñar esta función, la asociación no trabaja como autorizada en el proceso sustituyendo a la parte, sino a su lado o al lado de su representación legal. En esta posición, a la organización le está permitido efectuar los actos procesales a los que da lugar la vista oral como, por ejemplo, la exposición de las circunstancias y la presentación de solicitudes.

Las organizaciones registradas como asociaciones de protección al consumidor en el Ministerio de Justicia alemán pueden además poner pleitos de protección al consumidor según la Ley contra la Competencia Desleal (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG) y la Ley de Acción de Abstención (Unterlassungsklagengesetz, UklaG) si las condiciones laborales generales o las prácticas laborales violan la AGG. Se pueden inscribir como tales las organizaciones que de acuerdo con su estatuto no desempeñen de manera profesional y no sólo provisionalmente las funciones de instrucción y asesoramiento de las personas que representan, entre otros aspectos, en relación con la protección al consumidor.

De llegarse a un caso de violación grave de la AGG les está permitido a los sindicatos y los comités de empresa demandar al empleador.

Por último, en el marco de los procesos amparados por la AGG también puede resultar pertinente que las asociaciones insten a un procedimiento prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE). Es decir, en el marco de un proceso nacional, el tribunal correspondiente puede presentar al TJCE una cuestión para esclarecer la situación legal cuando el asunto atañe la aplicación o la interpretación de una directriz de la UE y es relevante para la decisión. Tales decisiones del TJCE parten de la base de que la AGG se debe interpretar en función de las directrices que la fundamentan y de la jurisprudencia del TJCE, relevante más allá de los casos concretos. En dichas circunstancias, las organizaciones pueden intentar alcanzar una sentencia jurisprudencial correspondiente.

Procesos amparados por la Ley de Igualdad de Discapacitados de Alemania (BGG) y por el libro IX del Código Civil Social (SGB IX)

Otros instrumentos adicionales de los que disponen las asociaciones para proteger a las personas de muestras de discriminación debido a discapacidadesson la Ley de Igualdad de Discapacitados de Alemania (Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes, BBG), las leyes correspondientes de los Estados federales así como el libro IX del Código Civil Social (Sozialgesetzbuch IX, SGB IX).

La BBG sirve principalmente para aplicar el acceso libre de barreras en relación con instituciones responsables del poder público como, por ejemplo, las autoridades. Según la BBG, toda asociación reconocida por el Ministerio Alemán de Trabajo y Asuntos Sociales puede entablar una demanda colectiva o presentarla en calidad de legitimadora procesal para proceder contra manifestaciones de discriminación. Además de esta posibilidad existen otras a nivel jurídico regional de los Estados federales.

Es posible presentar una demanda colectiva para hacer valer el acceso sin barreras ante organismos públicos si no se ve afectada ninguna persona concreta o bien si se trata de un caso de relevancia general. La legitimación procesal, por su parte, consiste en la posibilidad de participar en el proceso judicial y administrativo en el lugar de una persona afectada por un acto de discriminación previa autorización de ésta. Contrariamente a los apoderados en procesos, los legitimadores y legitimadoras procesales no formulan la violación legal en nombre ajeno sino en su propio nombre, es decir, como parte litigante.

El SGB IX también consolida dicha posibilidad de legitimación procesal. El objetivo del mencionado libro consiste en fomentar la autodeterminación y la participación con igualdad de derechos de personas discapacitadas e impedir discriminaciones o contrarrestarlas. De este modo, una organización puede acogerse al SGB IX para hacer valer la aspiración de personas con graves discapacidades a un puesto de trabajo sin barreras. En ese caso tampoco existe la obligación de que la asociación esté registrada. La única condición consiste en que la organización represente los intereses de personas con discapacidades a nivel nacional o regional.

Procesos internacionales

Las organizaciones también pueden participar en procesos internacionales por la discriminación.

En el marco del procedimiento de control de informes nacionales se vela por que se respeten y apliquen las convenciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas. Dichos procedimientos se han visto ampliados parcialmente con la posibilidad de reclamaciones concretas (reclamaciones individuales) y procesos de investigación. En estos casos, los responsables son los órganos instituidos para cada Tratado central de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los denominados comités de expertos de la ONU, compuestos por expertos y expertas independientes.

De este modo, las asociaciones pueden respaldar reclamaciones en torno a los derechos humanos presentadas a los distintos comités de expertos de la ONU asesorando, acompañando y representando a los afectados. Las personas o los colectivos pueden presentar una reclamación en el comité de expertos pertinente tras haber agotado la vía legal nacional. En Alemania es posible presentar reclamaciones individuales ante los siguientes órganos de la ONU: el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el nuevo Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si bien los comités de expertos de la ONU carecen de poder legislativo y no pueden pronunciar fallos vinculantes o ejecutorios, sino únicamente las llamadas “views” (dictámenes), no se debe  menospreciar el efecto político de estas recomendaciones y reprimendas al país relacionado con cada caso particular. En el proceso llamado "follow-up" (seguimiento) se supervisa si el Estado correspondiente ha seguido las recomendaciones efectuadas por el comité especial en cuestión.

Una reclamación individual también compete al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas sentencias, al contrario que las declaraciones de los comités especiales de la ONU, sí poseen carácter legal vinculante y ejecutorio.

El instrumento central de supervisión del Tratado de Derechos Humanos de la ONU es el procedimiento de control de informes nacionales. Alemania está obligada a presentar periódicamente informes sobre el estado de la situación de los derechos humanos y la aplicación de los tratados correspondientes ante el órgano de control de la ONU. Las organizaciones pueden participar en este proceso entregando los llamados informes paralelos. En éstos pueden señalar errores o vacíos del informe oficial del país e informar sobre una aplicación insuficiente de los compromisos en materia de derechos humanos así como problemáticas particulares. En el pasado, en Alemania también se entregaban informes paralelos conjuntos coordinados por diferentes asociaciones. Los comités especiales expresan entonces en base al informe nacional y a los informes paralelos recomendaciones y reprimendas al Estado en cuestión que aparecen publicadas en la página web del comité correspondiente. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU lleva a cabo un proceso similar de control llamado "Universal Periodic Review" (UPR).

Además existe la posibilidad de intentar llevar a un proceso de investigación de un comité especial de la ONU dando a conocer violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. Dicho proceso tiene cabida en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en el llamado procedimiento preventivo del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Los informes paralelos, quejas y denuncias en el proceso de investigación pueden servir en este contexto no sólo para despertar la atención a nivel internacional sobre los problemas nacionales, sino también para informar al Parlamento Alemán y otros grupos de destinatarios y para aumentar la conciencia del problema en el país. Con ellos también se puede abrir el acceso a diferentes niveles gubernamentales y ministeriales a la vez que se fortalece el diálogo con las recomendaciones de los comités especiales de la ONU como importante base de apelación.

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